Sarrera
Sonia Olivares nos envía este interesante artículo desde Catalunya que invita a la reflexión sobre la imparable reducción de derechos y protección, no sólo pero sí con mayor crudeza, en el colectivo de personas con discapacidad
Año 2012: Bankia, el rescate más caro de en la historia de España: 23.465 millones de euros (ABC, 26/05/2012)
Soy trabajadora social, por convicción y por vocación, aunque en los últimos años no resulte fácil serlo ni ejercer. Trabajo en una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por y para la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y personas con problemas derivados de la salud mental.
Empiezo con la referencia al artículo del rescate a Bankia en el año 2012. Dicho rescate se realizó en la misma época en la que la Dirección de la entidad para la que trabajo nos convocaba a una reunión urgente en la que nos explicaron que no cobraríamos la subvención de ese mes por los servicios que prestamos, se nos informó de unos recortes de un 4% en el servicio que yo dirijo: una Residencia, donde viven casi 40 personas con Discapacidad intelectual y una flexibilización de la ratio de atención profesional de un 8% por debajo de lo que está estipulado para dar una atención de calidad (ratios profesionales que ya son de base insuficientes).
Recuerdo perfectamente ese día, la incertidumbre, mi incertidumbre, el no saber en qué se podía traducir todo eso: ¿se podrían pagar salarios y mantener puestos de trabajo?, ¿cómo podíamos atender a las personas con menos horas?, cómo el esfuerzo de los últimos años por buscar la excelencia y la calidad en nuestros servicios parecía no importar a nadie.
Al día siguiente de haber asistido a esta reunión, de esforzarnos por buscar soluciones, de echar mano otra vez a la imaginación, a la voluntad, a la proacción, leí la noticia del rescate a Bankia, me indigné, como la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país; pero no tanto como lo estoy hoy, asqueada con las actuales noticias sobre las famosas tarjetas y corruptelas varias…
Hemos seguido trabajando, hemos seguido ofreciendo lo que las personas que atendemos y sus familias merecen, pero no por caridad, sino por derecho.
Seguimos con recortes, con impagos, con privatizaciones encubiertas, y yo me pregunto: ¿Son las personas con discapacidad ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho? ¿Alguien de quien nos está gobernando actualmente recuerda que España ratificó y firmó La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El 3 de mayo de 2008 entró en vigor, ¿porque realmente entró en vigor, no?
Una trabajadora social no es una persona que gestiona miserias, ni los restos del banquete
Una trabajadora social no es una persona que gestiona miserias, ni los restos del banquete, ni trabaja para y con la caridad, aunque en los últimos tiempos así lo parezca. Trabajamos por una sociedad justa, equitativa, diversa y por los derechos de todas las personas. Aunque creo que eso nuestros gobiernos y actuales políticos ya no lo recuerdan.
Yo trabajo poniendo cara a las personas, no números. En mi trabajo les acompaño, antes para garantizar que tendrían calidad de vida, que se respetarían sus derechos, ahora para ayudarles a sobrevivir a una sociedad y políticas públicas que les han olvidado otra vez. Y la situación es triste, es compleja y hay casos en los que es catastrófica.
Por poner algún ejemplo: hay escuelas de educación especial en las que los niños y niñas, sólo comen un plato caliente al día, y éste es el que ofrecemos en los comedores de nuestras entidades. Paradójicamente, las becas de comedor se congelan, se recortan o se niegan.
Las personas que tenían un trabajo en el Centro Especial de Empleo viven en la inestabilidad económica y sabiendo que su situación laboral tiene fecha de caducidad, como el resto de la población, pero con el añadido de tener algún diagnóstico que les limita en el actual mercado laboral. También se han recortado las subvenciones que recibían los Centros Especiales de Empleo. Y la inserción en la empresa ordinaria casi es una utopía, todas conocemos cómo está actualmente el mercado laboral, si tienes una discapacidad o enfermedad mental la dificultad incrementa considerablemente.
Se están revisando las pensiones y así podemos encontrarnos con casos por ejemplo: como el de una señora viuda mayor de 70 años, con una mínima pensión de viudedad y con una hija con discapacidad, a quien se le reclama un complemento de pensión que ha recibido en los últimos años, no más de 100 € (sumados a una pensión mísera), y ahora la administración reclama con carácter retroactivo el retorno de este dinero: más de 6.000 €. ¿Me pregunto si nuestro gobierno podría rescatarla…? (No piensen que es un caso extraordinario, en un futuro no lejano, con los actuales cambios legislativos, será posiblemente la norma)
Tenemos una Ley de Autonomía Personal (Ley de dependencia) que tampoco contempla las necesidades del colectivo con el que yo trabajo, no hay dinero, y el que hay no llega, o a menudo llega tarde. En el caso de mi abuelo, llegó la resolución cuando él ya había muerto (y sé que hay muchas personas en este país a quien le es muy familiar lo que estoy diciendo).
Aparte de establecer unos baremos que nada tienen que ver con las personas con discapacidad, quedando fuera la mayoría de ellas sin grado después de hacerles las valoraciones (con estas valoraciones se establecen grados de dependencia), y por tanto sin derecho a percibir servicios. El acceso a la sanidad ¿pública? es francamente mucho más complicado, hay que co-pagar las medicinas (me gusta más el termino repago), los profesionales sanitarios no tienen tiempo para poder atender correctamente a este colectivo de personas, a menudo con problemas de comunicación y/o comprensión, y que a veces llevan otros ritmos. Aunque ahora me doy cuenta que en eso quizás sea en lo único en lo que la realidad de las personas con discapacidad coincida con la realidad del resto de la sociedad.
Según Dincat, plataforma que aglutina en Catalunya Asociaciones que trabajan para, por y con Personas con Discapacidad, los recortes que ha sufrido el sector ascienden a : 53 millones de euros. Nuestro colectivo es así de generoso y solidario, hemos aportado parte del dinero que necesitaba el gobierno para poder realizar los rescates millonarios de los que hablaba al principio.
Sé que esto es una denuncia más, que ya hay muchas personas que han intentado hacer que se escuche su voz, que no llegará donde tiene que llegar, y que impera hoy una política económica feroz, insensible a poner rostro, ojos, voz a las personas con quien yo convivo cada día. Yo seguiré trabajando, desde las trincheras, seguiré mirando a los ojos a las personas, seguiré estando a su lado, seguiré indignándome con ellas y buscando soluciones aunque no las haya, luchando con ellas por una sociedad de derechos… desde las trincheras, que es el único espacio que ahora nos dejan.
Señores y Señoras que están actualmente representándonos, tecnócratas que trabajan en la Administración pública, ¿harán ustedes lo mismo? ¿Están ustedes dispuestos a escuchar cuál es la realidad que estamos viviendo los profesionales que estamos en primera línea para poder avanzar hacia una sociedad de derechos? ¿Se atreven a dejar por un momento de lado su objetividad, sus números y presupuestos, y ser valientes para escuchar qué tienen que decir las personas y además tenerlas en cuenta?
Asuman su responsabilidad, cumplan las leyes que ustedes mismos legislan, cambien aquellas que hacen aún más frágiles a quienes ya lo son, y dejen de pisotear sistemáticamente nuestros derechos y sobre todo los derechos de aquellas personas más vulnerables, que son quienes están pagando su mala gestión, su incapacidad y su desvergüenza.
